Juventudes Libertarias

La legítima defensa no se pide: se ejerce. Llaman “violencia” a una piedra y “procedimiento” a una porra. Persiguen al manifestante y absuelven al torturador. Ese doble rasero no es un accidente del lenguaje: es la gramática del poder, que siempre nombra la fuerza del de arriba como orden y la fuerza del de abajo como delito.

Ninguna sociedad está obligado a agachar la cabeza frente al abuso. La paz sin justicia no es paz: es una tregua que solo beneficia al opresor, un compás de espera para que la injusticia se acomode y se llame a sí misma normalidad. Los derechos no se mendigan ante un mostrador burocrático: se ejercen, se defienden y, cuando hace falta, se arrancan.

No pedimos privilegios. Exigimos límites. No buscamos el enfrentamiento. Reclamamos dignidad, no venganza. No glorificamos la violencia: señalamos con nombre y apellido su origen, que casi siempre viste uniforme y cobra un sueldo del Estado.

Cuando el Estado se traiciona a sí mismo

Un Estado existe, en teoría, para proteger a su población y garantizar derechos. Cuando invierte esa función —cuando convierte a sus fuerzas de seguridad en un instrumento de intimidación, castigo colectivo y violencia impune— deja de ser el árbitro y pasa a ser una de las partes en conflicto. Y frente a esa parte armada, nace un derecho irrenunciable: el de los ciudadanos despiertos a defenderse.

La represión policial no es un “exceso aislado” cuando se repite, se tolera, se investiga a sí misma y se absuelve a sí misma. Un exceso aislado no necesita manuales, protocolos ni jueces complacientes. Lo que se repite, se organiza y se encubre no es un error: es una política. Y frente a una política de violencia, el silencio no es neutralidad. Es complicidad con nómina.

Defendemos la legítima defensa como un principio básico de dignidad humana, no como apología del caos. Es un límite moral y político frente al abuso de poder, no una licencia para la barbarie. Cuando una persona es golpeada, humillada, detenida arbitrariamente o amenazada por quienes deberían protegerla, resistir no es un delito: es un acto elemental de supervivencia.

Mientras los políticos hacen promesas electorales que incumplen deliberadamente al llegar al poder, el ciudadano medio se queja una y otra vez sin que los partidos gobernantes sufran consecuencias. Cuando una protesta exige cuentas al status quo, los medios y tertulianos no tardan en tildar de terroristas a quienes se resisten a las cargas policiales destinadas a acallar las voces discordantes que se niegan a ser silenciadas.

La ley pierde toda legitimidad en el momento en que se usa para blindar la violencia institucional. Ningún uniforme, ninguna placa, ningún decreto firmado en un despacho concede carta blanca para golpear, mutilar o matar. La “obediencia debida” no absolvió a nadie en el siglo XX y no absuelve a nadie ahora: sigue siendo, como siempre fue, la coartada de quien aprieta el gatillo y de quien firma la orden. El orden impuesto a golpes no es orden. Es miedo con vocación de permanencia.

La historia no se movió pidiendo permiso

A quienes exigen que la protesta sea siempre pacífica, ordenada y educada —de rodillas, en el fondo—, la historia les responde con una lista incómoda. Ningún derecho relevante del último siglo cayó del cielo por buenos modales:

El fin del apartheid en Sudáfrica: el régimen no cedió por convencimiento moral espontáneo. Cedió tras décadas de resistencia que incluyeron el ala armada del Congreso Nacional Africano (Umkhonto we Sizwe), el levantamiento de Soweto (1976) y un boicot internacional sostenido por la presión, no por la súplica.

Las sufragistas británicas (1900s-1910s): el voto femenino en el Reino Unido no llegó por peticiones corteses. Llegó después de que la WSPU rompiera vidrieras, quemara buzones e incendiara propiedades vacías, y de que sus militantes sostuvieran huelgas de hambre en prisión frente a la alimentación forzada del Estado.

El movimiento obrero y la jornada de 8 horas: en Chicago, la huelga de 1886 y la represión que culminó en Haymarket no fue un evento de buenas maneras; fue un enfrentamiento directo con la policía. De esa sangre —y de décadas de huelgas, sabotajes y choques posteriores en todo el mundo— salió una conquista que hoy se da por sentada.

El Argentinazo (2001): “que se vayan todos” no fue un eslogan de mesa de diálogo. Fueron cacerolazos, cortes de ruta y enfrentamientos con la policía los que tumbaron a un gobierno en menos de dos semanas, ante una represión que dejó decenas de muertos y que el Estado nunca reconoció como política.

El ejemplo reciente de Gamonal en España (2014): cuando el gobierno regional quería quitar un parque público para hacer un parking privado, desoyeron las protestas pacíficas y las recogidas de firmas, y al final paralizaron las obras por motivos de seguridad tras el estallido social y los disturbios masivos de la ciudad de Burgos.

El estallido social chileno (2019): el aumento del pasaje de metro fue apenas la chispa. Fue la magnitud de la revuelta —incendios de estaciones, barricadas, enfrentamientos sostenidos durante meses— lo que forzó un proceso constituyente que ningún petitorio previo había logrado en treinta años.

El patrón se repite con obstinación: el poder no negocia lo que puede seguir ignorando sin costo. Negocia lo que le sale más caro reprimir que ceder.

Mientras exista represión, existirá resistencia. Y mientras haya abuso de poder, la legítima defensa no solo será un derecho: será una necesidad.