Institucionalización de la Represión en Europa
La respuesta institucional ante el descontento ya no busca mitigar las causas del malestar, sino neutralizar sus expresiones en la calle. La represión se institucionaliza cuando deja de ser una reacción puntual y arbitraria del poder y pasa a ejercerse mediante organismos permanentes, leyes específicas, tribunales especiales y personal burocrático. Esto la vuelve más eficaz, más duradera y más difícil de cuestionar.
A día de hoy, varios estados europeos están transformando mecanismos excepcionales de control del orden público en instrumentos permanentes de disciplinamiento de la protesta y la disidencia. Amnistía Internacional documenta en 21 países europeos un conjunto de prácticas que incluyen nuevas restricciones legales, ampliación de facultades policiales, detenciones y procesamientos de manifestantes, vigilancia y medidas con efecto disuasorio sobre la protesta.
Reformas como la legislación sobre la Ley Mordaza en España (Ley Orgánica 4/2015) que restringe los derechos de manifestación y sanciona el uso de imágenes de los agentes durante sus intervenciones policiales, limitando de esta forma la documentación de abusos y la libertad de información por parte de periodistas y ciudadanía.
O un ejemplo más reciente, la reforma aprobada del uso de la fuerza en Francia (denominada críticamente por diversos colectivos como “ley para matar” tras la modificación del artículo L. 435-1 del Código de Seguridad Interior en 2017) ilustra cómo se diluye la frontera entre la proporcionalidad y la impunidad, otorgando un margen de actuación policial significativamente más amplio en contextos de protesta o persecución.
En el Reino Unido, las leyes de 2022 y 2023 ampliaron considerablemente la capacidad policial para imponer condiciones a las protestas y criminalizar determinadas formas de acción no violenta, y en 2026 se añadieron nuevas facultades restrictivas del derecho de reunión mediante el Crime and Policing Act.
Mecanismos Operativos: Cooperación transfronteriza y criminalización selectiva
El antifascismo y el anticapitalismo están siendo redefinidos operativamente como amenazas a la seguridad nacional.
Hungría va un paso más allá y designa a Antifa como organización terrorista tras un movimiento similar de Trump. Trump designó también a Antifa Ost y a otros grupos europeos de izquierda y anarquistas como organizaciones terroristas extranjeras.
Extradiciones y euroórdenes como herramientas geopolíticas: Casos de extradición transfronteriza requeridos por distintos Estados miembros por episodios de confrontación política o protestas antifascistas, como los episodios sucedidos en Budapest en 2023, evidencian el uso de la cooperación judicial europea para aplicar penas ejemplarizantes (como la de la activista Maja T, condenada a 8 años por el gobierno de Hungría). La persecución no se limita al territorio donde se comete el acto, sino que activa redes de inteligencia y extradición a escala continental.
Asimetría penal y desproporción de penas: Se observa una acusada disparidad entre el tratamiento judicial reservado a los abusos de poder o la violencia institucional y el aplicado a la militancia de izquierda radical o antifascista. Mientras que las actuaciones policiales desproporcionadas suelen saldarse con dilaciones procesales o penas administrativas, el activismo disidente afronta peticiones de prisión sustanciales, cargos de organización criminal o tipificaciones penales agravadas.
El objetivo inhibitorio sobre el tejido militante
La imposición o tramitación de penas de prisión elevadas para activistas no solo busca sancionar el hecho individual, sino lanzar un mensaje disuasorio al conjunto de la sociedad. El coste personal y judicial de la protesta se eleva deliberadamente para desincentivar la movilización comunitaria.
La vivencia en primera persona de este marco procesal ubica el caso individual dentro de una dinámica global: no se trata de expedientes aislados, sino de una estrategia coordinada de disciplinamiento social donde la seguridad del Estado se prioriza sobre la garantía de los derechos de reunión, manifestación y disidencia política.
La realidad es que la extrema derecha está en auge en Europa, y cada vez más oponerse a ella requiere valentía real. Significa arriesgar algo: la libertad, la integridad física o incluso la vida.
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